Publicado el domingo, 12 de julio de 1998 en El Nuevo Herald
Las caras de una tragedia Cuatro años después del
crimen todavía no se ha hecho justicia.
Por: PABLO ALFONSO, El Nuevo Herald
Cuatro años después que embarcaciones
cubanas hundieron intencionalmente el remolcador 13 de Marzo frente a las costas de La
Habana, el gobierno de Cuba continúa cubriendo con un manto de silencio a los
responsables de ese dramático hecho en que perdieron la vida 41 personas, que intentaban
escapar de la isla. ``De manera particular, queremos denunciar que las autoridades
correspondientes no han iniciado el proceso judicial en los tribunales competentes'', dijo
Ricardo Bofill, presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH). ``Esta es una
evidencia clara de la maniobra para sepultar este caso en la impunidad''.
El CCPDH y el Grupo de Trabajo de la
Disidencia Interna, que integra en Miami Ruth C. Montaner, han elaborado un informe
conjunto que recoge los nombres, edades, direcciones, así como fotos de las víctimas y
los sobrevivientes que viajaban en el remolcador. La recolección de la información y
fotos la realizó en Cuba el disidente Vladimiro Roca, encarcelado sin juicio desde hace
un año, y fue enviada hace algún tiempo desde La Habana. En el trabajo también
participaron otros activistas y grupos de derechos humanos. La información sobre las
circunstancias en que se produjo el hundimiento del remolcador está basada en una
investigación que hizo un oficial de la Empresa de Servicios Marítimos, copia de la cual
fue obtenida por grupos de derechos humanos y sacada clandestinamente del país. Tanto el
CCPDH como el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna se proponen denunciar la impunidad
de este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y Amnistía Internacional.
En la madrugada del miércoles 13 de julio
de 1994, el capitán del remolcador sustrajo subrepticiamente la nave atracada en uno de
los muelles del puerto de La Habana. Subieron a bordo 72 personas con la intención de
abandonar ilegalmente el país. De éstas, 23 eran niños que viajaban con sus familiares
adultos: 19 hombres y 30 mujeres. Casi todos eran jóvenes y vecinos de los poblados
habaneros de Guanabacoa y El Cotorro. A siete millas de la costa, el remolcador fue
embestido por otros tres remolcadores de la Empresa Estatal de Servicios Marítimos en lo
que resultó una trágica cacería. El remolcador Polargo 2 estaba bajo el mando de un
oficial del Ministerio del Interior (MININT) nombrado David; el Polargo 3 era capitaneado
por un oficial nombrado Arístides; y el Polargo 5 por Jesús Martínez, un oficial cuyo
barco había sido desviado a la fuerza con anterioridad hacia la Florida. Según la
versión oficial que el MININT publicó entonces en el periódico Granma, esas tres
embarcaciones intentaron interceptar al remolcador, ``y en las maniobras que ejecutaron
para cumplir con ese objetivo se produjo el lamentable accidente que hizo naufragar el
barco''.
La versión oficial, sin embargo, chocó con
el testimonio de varios sobrevivientes, entre ellos María Victoria García Suárez, quien
denunció abiertamente el crimen desde La Habana. En su testimonio ante cámaras de la
televisión extranjera, García Suárez explicó que, poco después de salir de La Habana,
el remolcador fue perseguido por las otras embarcaciones, que se acercaron y le lanzaron
chorros de agua a presión. ``A base de chorros de agua destruyeron la popa; las mujeres y
los niños se fueron hacia el cuarto de máquinas y ahí empezaron a embestir nuestra
embarcación'', dijo García. ``Enseñamos a los niños, gritamos diciendo que nos
rendíamos y que queríamos regresar y después la embarcación se viró'' luego de otra
embestida, agregó. De los 31 sobrevivientes, el gobierno mantuvo arrestado a cuatro de
ellos por algunas semanas y más tarde los dejó en libertad. Ninguno de los cadáveres
rescatados fue entregado a sus familiares y se desconoce dónde han sido sepultados. Los
ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores prometieron una amplia investigación
para depurar responsabilidades. Sin embargo, los resultados de esa investigación oficial
nunca se han conocido.
El informe que será presentado ahora ante
los organismos internacionales, según las indagatorias de los grupos de derechos humanos
en la isla, asegura que se ha llegado a la conclusión de que ``las autoridades cubanas
obtuvieron información de antemano sobre el plan para llevar a Estados Unidos el
remolcador'' y no actuaron para impedir esa acción. Por el contrario, indica el informe,
la Seguridad del Estado de Cuba fraguó un plan para hundir al remolcador cuando saliera
de la bahía de La Habana, en aguas profundas, lejos de la costa, a modo de escarmiento.
``Hoy está confirmado que, posterior a ese naufragio, se provocaron más muertes cuando
los barcos represivos, lejos de rescatar a los sobrevivientes que flotaban en aquellas
aguas, navegaron en círculos'' alrededor de ellos provocando más víctimas. El
hundimiento del remolcador 13 de Marzo provocó una ola de indignación en el mundo
entero. Desde el Papa Juan Pablo II hasta el presidente norteamericano Bill Clinton
condenaron la acción y la impunidad con que actuaron los responsables. ``Es una tragedia
humana. Lo deploro como un ejemplo de la brutal naturaleza del régimen de Cuba'', dijo
Clinton en Miami refiriéndose al hundimiento. Desde Madrid se expresó entonces que
``dada la extrema gravedad de las circunstancias que rodean este suceso, el gobierno
español espera que, tal y como ha anunciado el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba,
Roberto Robaina, se efectúe a la mayor brevedad posible una exhaustiva investigación de
lo sucedido y se exijan las correspondientes responsabilidades''. Por su parte, el
Arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, declaró que ``los acontecimientos violentos y
trágicos que produjeron el naufragio de un barco, donde perdieron la vida tantos hermanos
nuestros, son, según los relatos de los sobrevivientes, de una crudeza que apenas puede
imaginarse.
El hundimiento de la embarcación, que
llevaba también mujeres y niños, y las dificultades del rescate de los sobrevivientes no
parecen ser de ningún modo fortuitos, y esto añade al dolor un sentimiento de estupor y
un reclamo del esclarecimiento de los hechos y de depuración de responsabilidades''.
``Que los hechos se aclaren, que se establezca la verdad con la justicia; pero que el odio
resulte perdedor... Amor y justicia no se oponen, pero el odio y la injusticia pueden ir
de la mano'', afirmó Ortega. Ese reclamo de gobiernos y personalidades políticas y
religiosas ha quedado sin respuesta. Como señala el informe de los grupos de derechos
humanos de Cuba, a pesar de todos esos pedidos ``el régimen de Castro ha proseguido en
sus esfuerzos por ocultar los detalles de esta catástrofe intencional y ha impedido la
realización del juicio que sobre esta tragedia debería haberse llevado a cabo''. |